PROYECTOS ABIERTOS
COMPENSACION A AFECTADOS POR DEMORAS Y MOROSIDAD DE LAS AAPP EN EL PAGO DE DEUDAS
¿Su Empresa Sufre Retrasos sistematicos en los Pagos de las Administraciones Públicas Españolas? ¿Afectado por las demoras de pago de las AAPP? Únase a la Campaña
Headline: Has Your Business Been Harmed by Unlawful Public Sector Payment Delays?
If your company supplies goods or services to public sector bodies in the UK or Spain, you may be one of the thousands of businesses suffering from a systemic and unlawful practice: chronic late payment. Delays of 90, 180, or even 300 days are not just administrative errors; they are breaches of contract and violations of EU and national law that place your business under immense financial strain.
These practices distort the market, forcing you to act as an unwilling creditor to the state and incur additional financing costs just to maintain your cash flow. This creates an unlevel playing field where your company is unfairly disadvantaged. You are not alone, and this situation is not acceptable.
The UK Competition & Consumer Organisation (COCOO) is taking decisive action. We are building a powerful collective claim to represent all businesses—British, Spanish, and European—that have been damaged by these illegal payment delays. Our mission is twofold: to recover the full financial compensation you are owed for your losses and to compel public administrations to implement permanent, transparent, and lawful payment systems.
We believe that a unified voice is essential to achieving justice. We are therefore inviting all affected companies to join our group of prospective class members. By standing together, we can create the critical mass necessary to hold these public bodies accountable and end these harmful practices for good.
Contact our dedicated legal team today for a confidential, no-obligation consultation to learn how you can become part of this landmark action. Your inquiry will be treated with the strictest confidence. Email us at contact@cocoo.uk or complete the secure form on our website to take the first step toward reclaiming your losses and restoring fairness to the market.
Buscamos Empresas Perjudicadas para Unir Fuerzas. Podría ser uno de los afectados si su empresa:
- Es o ha sido proveedora de bienes o servicios a cualquier Administración Pública en España (estatal, autonómica, local, organismos públicos).
- Ha experimentado retrasos significativos y sistemáticos en el cobro de sus facturas por parte de estas administraciones, superando los plazos legales.
- Ha incurrido en costes financieros directos (intereses de préstamos, comisiones por descuento de facturas, etc.) como consecuencia de estos retrasos.
- Ha sufrido una pérdida de beneficios, oportunidades de negocio o un deterioro de su competitividad directamente atribuible a la morosidad del sector público.
Posibles partes afectadas: Empresas Proveedoras de las Administraciones Públicas Españolas (de cualquier nivel: estatal, autonómico, local): Empresas españolas. Empresas británicas que operan o han operado en España. Empresas de otros países de la UE que operan o han operado en España. PYMEs: Que son más vulnerables a los problemas de liquidez causados por los retrasos en los pagos. Asociaciones Empresariales: Que representan los intereses de los sectores afectados.
El Daño Común que Nos Une
Para todas las Empresas Proveedoras Afectadas: El daño común es el perjuicio económico directo (costes financieros por necesidad de financiación externa, intereses de demora no cobrados o cobrados con dificultad, lucro cesante por la imposibilidad de acometer nuevas inversiones o proyectos, e incluso insolvencia) causado por el retraso sistemático e ilegal en el pago de facturas por parte de las administraciones públicas españolas. El incumplimiento generalizado de una obligación legal clara (Directiva 2011/7/UE y legislación nacional de transposición) por parte de un conjunto identificable de deudores (las AAPP españolas) es el hecho común que genera un daño similar (aunque de diferente cuantía individual) a todos sus acreedores comerciales
Quien Somos?
COCOO.uk es una organización británica sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la competencia leal, la protección de inversores y consumidores, y la salvaguarda del interés público. Nuestro objetivo es la reparación colectiva en nombre de consumidores y competidores mediante CAMPANAS DE COMPENSACION para proteger y promover su Derecho a disciplinar a las partes responsables, publicas y privadas. Oscar Moya LLedo es nuestro Solicitor (el equivalente Britanico a un Abogado) y desempeña un papel fundamental en nuestra misión de promover la competencia leal y proteger los derechos de los consumidores y empresas
Beneficios de suscribirse a esta Campaña de Compensación
Subscribirse a una Campaña de compensación es unirse al grupo de posibles partes afectadas para facilitar la compensación de los posibles danos y perjuicios. Subscribirse a una Campaña de Compensación no crea una relación abogado-cliente y no le compromete a ninguna obligación, tarifa o coste. Si cree que usted o su organización pueden haber sido afectados por las prácticas descritas a continuación, por favor participe. Su información nos ayudará a evaluar la magnitud del daño potencial y unir fuerzas. Solo si nos unimos podemos exigir un mundo más justo. Subscribirse no le compromete a ninguna acción legal ni implica coste alguno. El exito de esta campaña depende de conseguir identificar a partes afectadas por un evento comun causado por un patrón de negligencia
Nos preocupa el problema persistente de los retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas (AAPP) en España. Esta situación afecta gravemente la liquidez, rentabilidad y competitividad de miles de empresas, tanto españolas como británicas y de otros países de la UE que operan en el mercado español. A pesar de que la Directiva Europea 2011/7/UE y la legislación española (Ley 3/2004, Ley 15/2010) establecen plazos máximos de pago para las AAPP (generalmente 30 días, ampliables a 60 en ciertos casos), la realidad es que muchas empresas enfrentan demoras que pueden oscilar entre los 90 y los 300 días para cobrar sus facturas. Esta práctica incumple la normativa y ha llevado a la Comisión Europea a iniciar procedimientos de infracción contra España, remitiendo el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2023. Consideramos que el Ministerio de Hacienda, como órgano supervisor de las finanzas públicas, tiene una responsabilidad en la falta de implementación de mecanismos eficaces para asegurar el cumplimiento de estos plazos.
Las consecuencias de estos retrasos son directas y perjudiciales:
- Costes Financieros Adicionales: Las empresas se ven obligadas a buscar financiación externa (préstamos, líneas de crédito) para cubrir la falta de liquidez, asumiendo intereses elevados.
- Pérdida de Competitividad: La incertidumbre en los cobros y los costes financieros merman la capacidad de inversión, innovación y crecimiento de las empresas, especialmente de las PYMEs. Se estima que uno de cada cuatro casos de insolvencia en PYMEs se debe a impagos.
- Distorsión del Mercado: Las empresas extranjeras (británicas y de otros países de la UE) pueden encontrarse en desventaja frente a competidores locales que podrían tener una mayor capacidad para gestionar esta morosidad, lo que podría infringir los Artículos 101 y 102 del TFUE.
- Impacto en Empleo y Precios: Los problemas financieros de las empresas afectadas pueden traducirse en pérdida de empleos y, potencialmente, en precios más altos para los consumidores finales.
Consideramos que podría existir:
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- Incumplimiento sistemático y persistente por parte de las administraciones públicas españolas de los plazos de pago establecidos en la Directiva 2011/7/UE (sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) y en la legislación española que la transpone (Ley 3/2004 y Ley 15/2010).
- A pesar de que la normativa establece plazos máximos de pago (30 días ampliables a 60 en ciertos casos), las empresas que trabajan con las AAPP españolas enfrentan demoras de 90 a 300 días.
- Esta situación ha llevado a procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea contra España, con una remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2023.
Responsabilidad Alegada del Ministerio de Hacienda:
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- CoCoo.uk argumenta que, si bien el Ministerio de Hacienda no gestiona los pagos de todas las administraciones, es responsable de la supervisión, fiscalización y ejecución de sanciones por incumplimientos.
- Se alega que la inacción del Ministerio ha permitido la persistencia de estas prácticas, vulnerando la legislación y causando daños.
Consecuencias y Perjuicios Alegados:
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- Empresas y Proveedores (nacionales y extranjeros, incluyendo británicos):
- Costes financieros adicionales por la necesidad de buscar financiación para cubrir la falta de liquidez.
- Impacto en la rentabilidad y competitividad.
- Riesgo de insolvencia (uno de cada cuatro casos de insolvencia en PYMEs se debe a impagos, según la CE).
- Competencia y Mercados:
- Desventaja para empresas extranjeras (británicas y de otros países de la UE) frente a empresas españolas que podrían gestionar mejor la incertidumbre en los pagos.
- Posible distorsión de la competencia (infracción de los Arts. 101 y 102 del TFUE).
- Consumidores y Ciudadanos:
- Posibles precios más altos, menor calidad en servicios y pérdida de empleos debido a los problemas financieros de las empresas afectadas.
- Reputación Financiera de España: Identificada por la CE como uno de los peores países en cumplimiento de la Directiva de Pagos
- Empresas y Proveedores (nacionales y extranjeros, incluyendo británicos):
Posibles Causas de Acción
* Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública (Estado Español y/o administraciones incumplidoras): Por los daños y perjuicios (costes financieros, lucro cesante) causados a las empresas proveedoras como resultado del funcionamiento anormal del servicio público de pagos, derivado del incumplimiento sistemático de los plazos legales. Esto se basaría en la Ley 40/2015 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a indemnización automática por incumplimiento de plazos.
* Incumplimiento del Derecho de la Unión Europea: La vulneración de la Directiva 2011/7/UE, confirmada por los procedimientos de infracción de la CE y una posible sentencia del TJUE, podría fundamentar reclamaciones de responsabilidad del Estado por daños causados por dicha infracción (principio Francovich).
* Competencia Desleal (indirectamente): Si se puede demostrar que ciertas empresas se benefician de manera ilícita al retrasar pagos a proveedores, y esto afecta la competitividad de otras empresas (especialmente extranjeras) que sí cumplen o que esperan pagos puntuales.
- FASE 1: Identificacion de carencias sistematicas de cumplimiento de la legislacion que protege a consumidores, competidores y el interes publico.
- FASE 2: Identificacion de posibles afectados y aunarlos a traves de esta plataforma. La mayoría de víctimas nunca reciben compensación y nunca se enteran de que son víctimas con derecho a compensación o restitución. Esto crea un desequilibrio significativo en el sistema de Justicia para la desventaja de consumidores y competidores. Por eso necesitamos unirnos. Unidos ganamos poder para negociar en igualdad de condiciones.
- FASE 3: Negociacion del pago de compensacion economica o restitucion a las partes afectadas
AVISO LEGAL
Subscribirse a una Campaña de Compensación no crea una relación abogado-cliente y no le compromete a ninguna obligación, tarifa o coste. Las alegaciones aqui expuestas están sujetas a una investigación en curso y no han sido probadas ante un tribunal de justicia, salvo que se indique lo contrario. Toda la información proporcionada será tratada de forma confidencial de acuerdo con la normativa de protección de datos. Este documento contiene las opiniones, creencias y alegaciones de COCOO.uk basadas en la información actualmente disponible y presentadas de buena fe. Estas afirmaciones están sujetas a investigación adicional y no deben interpretarse como hechos definitivos a menos que así se establezca en un procedimiento legal. COCOO.uk es una sociedad benefica, no un bufete de abogados. Las afirmaciones aquí expuestas se basan en la información actual y están sujetas a una investigación más profunda. La base para una acción colectiva reside en que múltiples entidades y/o individuos han podido sufrir un daño económico similar como resultado de una conducta común, por ejemplo el sobreprecio pagado por consumidores o empresas, o una mala gestion del sector publico